Saturday, June 28, 2008

Mexicanos deportados por Canadá

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June 25th,



Montreal, 25 Jun (Notimex).- El Consulado de México en Vancouver investiga si los 80 mexicanos deportados el lunes por Canadá fueron víctimas de traficantes de inmigrantes o de defraudadores que les ofrecieron trabajos inexistentes.

Los mexicanos, 35 mujeres y 45 hombres, llegaron el viernes pasado al aeropuerto de Vancouver, donde dijeron haber pagado "a alguien en México" para poder trabajar en Canadá, pero fueron arrestados y enviados de regreso a su país el lunes.

Las primeras indagaciones revelan que el grupo salió de México a través de una agencia de viajes, cuyos servicios fueron contratados por "alguien" que les había ofrecido empleos seguros en la provincia de Columbia Británica, suroeste de Canadá.

En declaraciones a Notimex, el cónsul adjunto de México en Vancouver, Juan José Salgado, dijo que cada mexicano pagó entre mil 500 y tres mil dólares para obtener supuestos trabajos en Canadá.

La investigación, según Salgado, apunta a una operación de "coyotes" o a un fraude destinado a hacerles pagar con el engaño de que obtendrían un empleo seguro.

El funcionario mexicano señaló que fue informado de las deportaciones hasta el lunes, pese a que las detenciones se produjeron tres días antes.

Agregó que por ello sólo le fue posible hablar con tres de los mexicanos minutos antes de que su avión despegara con destino a México.

Ellos, cuyos nombres no fueron revelados, confirmaron haber pagado entre mil 500 y tres mil dólares para supuestos trabajos en Canadá y dijeron ser originarios del central estado mexicano de Hidalgo.

De acuerdo con Salgado, una agencia cuyo nombre es mantenido bajo reserva organizó este "viaje en grupo".

Según la agencia mexicana, "una persona contrató el paquete para supuestos empleados de una empresa" que habían ganado "un premio de productividad" y pasarían cuatro días y tres noches en Canadá".

Esa persona, según Salgado, pidió que el viaje fuera a Toronto o Montreal, pero luego aceptó Vancouver por falta de cupo en los vuelos a esas ciudades, y también contrató una primera noche de hotel y servicios de turismo para "los premiados".

La agencia de viajes recibió informaciones de la aerolínea de que sus clientes serian retornados a México y por razones legales –incluyendo una denuncia ante las autoridades en México- se comunicó con las autoridades diplomáticas mexicanas en Vancouver.

Según Salgado, no se sabe –porque no pudo entrevistarlos antes de que fueran retornados a México- si entre las 80 personas había o no verdaderos turistas o personas que querían entrar a Canadá para quedarse.

Pero los tres entrevistados afirmaron haber pagado en México por trabajos ofertados en Canadá, y que había indicios que los 80 fueron engañados con falsos trabajos.

"Se informó a la Secretaria de Relaciones Exteriores de todos los detalles que tenemos, y como hay una denuncia (de la agencia de viajes en México) es probable que habrá una investigación".

La fuente diplomática negó que estas personas, que aparentemente son del estado de Hidalgo, tuvieran alguna relación con el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales mexicanos que en Columbia Británica da este año empleo a unos tres mil mexicanos.

Pagar a alguien para encontrar trabajo en Canadá es ilegal según las leyes canadienses.

La Agencia de Servicios Fronterizos (ASF) de Canadá establece que aun con visas de trabajo, los mexicanos habrían sido retornados a su país debido a un cambio en las regulaciones efectuado en 2007.

Ese cambio exige que los agentes de la ASF en los puertos de entrada a Canadá pidan a los extranjeros que llegan con visas de trabajo si tuvieron que efectuar algún pago para ser reclutados.

Según el documento de la ASF el pago de una fuerte suma para ser reclutado "puede indicar que el solicitante no es un trabajador temporal de buena fe", y da a los agentes de la ASF la autoridad de rechazar el ingreso de esas personas al país.

Kurland opina que las deportaciones de este tipo aumentarán con la entrada en vigor de las enmiendas a la Ley de inmigración que da mayores poderes discrecionales a los funcionarios y agentes de la ASF.

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